Luis Alonso Vásquez
Dirección General
Martha Isabel Alvarado
Sub Dirección General
20 de septiembre, 2025
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Hernán de la Garza Tamez, confirmó que la Visitaduría Judicial concluyó que los dos jueces de Reynosa, señalados por liberar a presuntos extorsionadores al retirarles la prisión preventiva, no incurrieron en responsabilidad alguna.
De la Garza explicó que, tras el análisis de los expedientes, se determinó que las resoluciones de los jueces Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados se apegaron al marco legal y a las pruebas presentadas por las partes procesales. “Las medidas cautelares fueron modificadas conforme a derecho y bajo circunstancias sustentadas por la defensa, el Ministerio Público y la parte victimal”, puntualizó. Recordó que el 11 de agosto, luego de un exhorto emitido por el Congreso del Estado, se abrieron carpetas de investigación para indagar la actuación de ambos jueces, en medio de críticas por no haber garantizado la seguridad de las víctimas en Reynosa.
En el caso de Aldo René Rocha, detalló, no hubo objeción del Ministerio Público al dictamen de la Secretaría de Seguridad Pública que clasificaba a los imputados como de bajo riesgo, lo que dio sustento a la resolución judicial.
Respecto a Ariel Luna Casados, aunque la Fiscalía sí se opuso al dictamen, la defensa presentó pruebas adicionales que justificaron el cambio de medida cautelar. La Visitaduría concluyó que su decisión también fue legalmente válida.
Sin embargo, el panorama es distinto en Altamira. La jueza Roxana Ibarra Canul, adscrita al Cuarto Juzgado de lo Familiar, sigue bajo investigación por presuntas irregularidades en juicios de custodia de menores.
De la Garza Tamez señaló que tres visitadores especiales fueron comisionados para indagar el caso y que será el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial el que emita una resolución definitiva. “Yo mismo he advertido irregularidades, pero no podemos adelantar juicios. El expediente aún está en curso”, aclaró.
La jueza Ibarra fue electa el pasado 1 de junio y está programada para rendir protesta el próximo 1 de octubre. No obstante, su situación dependerá de lo que determine la investigación disciplinaria.