Luis Alonso Vásquez
Dirección General
Martha Isabel Alvarado
Sub Dirección General
4 de octubre, 2025
La reforma a la Ley de Amparo actualmente en discusión en el Congreso de la Unión ya que puede erosionar la certeza jurídica, afectar la competitividad de nuestras cadenas productivas y poner en riesgo empleos e inversiones, expresó María de Lourdes Medina Ortega, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, (CANACINTRA).
Destacó que además, se limita el interés legítimo a quienes acrediten una lesión jurídica real, actual y diferenciada por lo que es necesario un diálogo para dar marcha atrás a esta iniciativa. "Reconocemos la intención del Ejecutivo Federal de agilizar procesos y sancionar dilaciones en la justicia, sin embargo, consideramos que algunos de los componentes de la propuesta podrían tener consecuencias negativas para la seguridad jurídica de la industria nacional. La iniciativa limita el interés legítimo a quienes acrediten una “lesión jurídica real, actual y diferenciada”. Destacó que esto restringe la defensa de derechos colectivos y dificulta que cámaras empresariales u organizaciones puedan proteger normas de interés común, por ejemplo, en materia ambiental o de competencia.
"Expertos advierten que esta definición entorpece la admisión de amparos y excluye a actores que tradicionalmente han defendido a comunidades y sectores completos, además la reforma excluye la posibilidad de suspensión inmediata en casos clave como bloqueos de cuentas, deuda pública, sistema financiero, telecomunicaciones y competencia económica".
La presidenta de Canacintra indicó que en términos industriales, significa que una empresa podría perder de inmediato su concesión o autorización, aun si más adelante un juez le da la razón, esto genera un riesgo regulatorio severo y desincentiva la inversión.
"Esta iniciativa elimina la posibilidad de ampliar la demanda en la mayoría de los casos y se limita el amparo contra procedimientos fiscales de ejecución y prescripción de créditos firmes. Esto deja a las empresas con menos vías para defenderse de decisiones tributarias que pueden afectar seriamente su liquidez y continuidad operativa".
Comentó que la Reforma permitiría que las autoridades queden exentas de responsabilidad penal si alegan imposibilidad jurídica o material para acatar una sentencia, lo que podría debilitar la efectividad de los amparos ganados por empresas, ya que las resoluciones a su favor podrían no traducirse en una reparación efectiva.
"Para las industrias que dependen de concesiones y autorizaciones en estos sectores, esto implica vulnerabilidad inmediata frente a actos administrativos, aun cuando resulten ilegales. El amparo es el pilar histórico de la seguridad jurídica en México, y su debilitamiento compromete la confianza de los inversionistas y la operación cotidiana de nuestras empresas por lo que exhortamos al Congreso de la Unión a no aprobar disposiciones regresivas que restrinjan indebidamente la defensa legal de empresas y ciudadanos".
Medina Ortega dejó en claro que solicitan foros de Parlamento Abierto incluyentes, donde participen juristas, constitucionalistas y representantes empresariales, a fin de corregir los riesgos señalados.