'Ley de Amparo: Contraria a iniciativa de Claudia Sheinbaum'

Sandra TOVAR

5 de octubre, 2025

La Federación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de Tamaulipas (FECANACO Tamaulipas), manifesta su profunda preocupación ante las recientes modificaciones aprobadas a la Ley de Amparo, pues consideran que esa medida es inconstitucional y contraria a la intención original de la iniciativa promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Este transitorio que pretende aplicar la nueva norma a juicios ya en curso atenta contra el principio constitucional del artículo 14, que establece que ninguna ley otorgará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Tal inclusión, añadida en el proceso legislativo sin la debida transparencia, genera incertidumbre jurídica y vulnera derechos adquiridos. 

Además, diversos expertos y voces jurídicas han calificado la reforma como “pro autoridad”, bajo el argumento de que limita el acceso al amparo, debilita los mecanismos de protección ciudadana frente al abuso del poder y favorece una interpretación que reduce la defensa legítima frente al Estado. 

Como representantes del sector productivo en Tamaulipas, reiteramos nuestro llamado respetuoso pero firme  a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que revisen y corrijan de fondo las legítimas preocupaciones expresadas durante las audiencias públicas por los expertos en la materia, y se asegure que la reforma fortalezca —y no debilite— el recurso de amparo como uno de los pilares más importantes del Estado de Derecho en México.

“El comercio organizado y los ciudadanos merecemos reformas claras, justas y que fortalezcan nuestros derechos, no disposiciones que generen temor frente al poder. De no corregirse este transitorio, la reforma quedará como una sombra que compromete la confianza en el Estado de Derecho”, expresó Roberto Cruz Hernández, Secretario de de FECANACO Tamaulipas.

FECANACO Tamaulipas se une así al llamado de la Presidenta para corregir esta medida y a las voces de especialistas que advierten el riesgo que representa para la protección constitucional de los mexicanos.