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La burra arisca

José Inés Figueroa

03 de enero, 2020

Hablar de sistema de gobierno, de leyes, de recaudaciones y gastos dentro del sector público y por quienes ejercen el poder, podría resultar ocioso.

En la última revisión del paquete fiscal, por parte del Congreso, los operadores legislativos “le mataron el gallo” a críticos, opositores y neófitos, a los reclamantes de información y aclaraciones, al dicho de que una cosa es lo que se aprueba y otra lo que se ejerce.

Entonces los puntos de referencia de ejercicios en curso y pasados se diluyeron y los argumentos se hicieron nada, para cuestionar las proyecciones que, además, iban con la seguridad de incumplirse.

¿Entonces para qué hacer leyes de ingresos y presupuestos de egresos?, ¿para qué legislar sobre la materia?, ¿para que -finalmente-, existe una representación popular radicada en el congreso?, fueron algunas de las preguntas espontáneas.

“A toro pasado”, de las tablas referenciales muchos ahí se enteraron que en el gasto del año antepasado, sobre el universo presupuestal doméstico, 8 mil millones de pesos provinieron del financiamiento privado.

Si en número cerrados la presupuestación rondó los 54 mil millones, esa suma significaría cerca del 15 por ciento; si se eliminan los gastos nominales y de insumos de salud y educación, de los que el Estado solo es intermediario y rondan la mitad de la gran bolsa, el gasto público soportado por empréstitos, se eleva a más de un tercio de los recursos propios disponibles.

Para este año el Estado había solicitado una autorización abierta, para que se contrataran tantos créditos, como dinero hiciera falta para cumplir con lo presupuestado; los diputados acordaron que en cada caso, se hiciera la solicitud, para proceder a su aprobación.

Al inicio del actual gobierno, en el 2 mil 16, se presupuestó el pago del servicio de la deuda pública directa del Estado, por el orden de los mil 200 millones de pesos; para este año, un monto cercano a tal suma se destinará solo al pago de intereses moratorios, por amortizaciones no cubiertas.

En suma, el pago del servicio de la deuda Pública estatal para este año anda en los 2 mil 779.6 millones de pesos, 500 más de los presupuestados en el ´19 y todavía hay financiamiento aprobado hace dos años sin ejercerse.

Lo que sobró de las casetas de policía hechas en distintos puntos carreteros, más lo que se dejó de aplicar para concluir la construcción de la cárcel victorense y otros montos “para comprar terrenos alrededor de los puertos”, igual pasados por la ancha manga legislativa.

Como quiera, no son pocos los retos, cuando se parte con otros pasivos, de facturas canceladas y sin recibir del ejercicio anterior y el amago del gobierno federal por acotar la operatividad de los gobiernos domésticos y sus ejecutores.

La palabra es “confianza”; cuando no se tiene la seguridad, la garantía de que se van a cumplir los acuerdos, las disposiciones, las leyes, los tratos, las expectativas, se rompe la secuencia y el horizonte se estrecha.

Lo que no se hace con confianza, simplemente no se hace; con la burra arisca no se va a parte alguna.

En Victoria capital, el ayuntamiento, ayer volvió a salir a pregonar “los beneficios” que dispusieron a favor de los contribuyentes, para que paguen sus impuestos prediales, otorgándoles un seguro contra incendio de vivienda, asalto y robo con violencia domiciliario y en cajeros automáticos.

Sin detrimento de cuantos ciudadanos se sientan expuestos a esos imponderables, con necesidad de tales aseguranzas, los contribuyentes dejaron de ir a la tesorería municipal, porque no ven la reciprocidad de la autoridad, ya no digamos tanto en obras nuevas, como en el mantenimiento de la infraestructura existente.

A nadie engañan con los bacheos y repavimentaciones fingidas, que aun sin haber llovido de manera significativa en todo el año, mantienen el avance del deterioro de las calles, con los mismos baches que ya había, más los que se siguen sumando.

Por eso el desfile histórico, por estas fechas, de causantes acudiendo a pagar sus prediales no se ve más y los pocos que acuden, salen indignados por el sobrecobro y la tardanza en la atención que se les está dando.

El primer pensamiento de propios y extraños es que, si optaron por ofrecer un seguro, es porque a alguien -muchos creen que sólo el alcalde y el Tesorero son los “ganones” del trienio- le resultó en negocio con la aseguradora contratada, cargando el costo de las pólizas a los contribuyentes.

Pero descuentos, seguros y diezmos pueden irse por donde llegaron, porque perdida confianza en la actual administración municipal, ya no hay mayor cosa que pueda hacer, de aquí hasta donde las autoridades superiores los dejen llegar, antes de meterlos a la cárcel.

Entonces será el llorar y crujir de dientes.

La burra no era arisca.

En cambio, los logros que en materia de seguridad pública va consolidando el Estado, al reflejo de las mediciones nacionales, se imponen por sobre la reincidencia de acciones desplegadas por grupos proscritos, empecinados en retar el orden y el estado de derecho.

La Organización Semáforo Delictivo, en el año que concluyó otorgó a Tamaulipas la calidad de “luz verde”, por sus logros en el acotamiento de las manifestaciones del delito y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicó al estado en los lugares 18 y 21 en materia de homicidios dolosos e incidencia delictiva.

Por segundo año consecutivo, Tamaulipas se mantuvo por debajo de los diez estados que registran mayor violencia.

A la luz de los recientes acontecimientos en la frontera, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA refrendó por redes sociales su convicción de que falta mucho por hacer y no se cederá ante los violentos, en el objetivo es claro de lograr la paz y tranquilidad en el estado.

“En Tamaulipas no habrá tregua contra los violentos; el gobierno del estado utilizará todos los instrumentos que tenga a su alcance para continuar enfrentando a los criminales”, sentenció por esas vías.

Donde están muy expectantes es en el Comité Ejecutivo Estatal del partido MORENA, respecto de las investigaciones sobre el robo registrado en días pasados, de su edificio sede, en Victoria capital.

Por un lado está la sustracción de los documentos oficiales, del maletín que en su oficina tenía el dirigente estatal, ENRIQUE TORRES y por el otro, igual el “trasculque” y mensaje dejado en la pared de las oficinas del Secretario de Finanzas, JOSÉ LUIS MEDEROS MARTÍNEZ.

Lo de la bocina que se llevaron es lo de menos; lo que cuenta es el daño que pueden hacerle al partido con la información robada o lo que pueda estar detrás del hecho mismo del robo, sea de parte de enemigos políticos, de fuera o dentro.

Ninguna hipótesis está descartada, por eso están expectantes al resultado de las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado, de cuyas líneas se espera resultados a vuelta de semana.

Antes de recurrir a otras instancias.

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