Aún no hay vencedores ni vencidos

Fernando Acuña

21 de mayo, 2020

Una investigación por parte de este espacio de opinión, en torno al préstamo de 4 mil 600 millones de pesos, operado por el gobierno estatal panista, a través   de su Poder Legislativo, arroja un escenario donde, tanto la federación, como la administración cabecista, no pueden aun cantar victoria, pues ambos se encuentran enfrascados en una guerra que se escenifica en dos vertientes:  la primera de carácter técnico-jurídico, y la segunda de carácter político.

En el tema jurídico, el gobierno cabecista echó abajo ante los jueces federales de Victoria, Reynosa y Tampico, las demandas de amparo que habían sido formuladas por particulares.

En este capítulo preliminar, los  titulares  de los juzgados de la federación,  no le otorgaron la suspensión a los quejosos. Sin embargo,   esto  ocasionó que, los presuntamente afectados presentaran ahora  recursos de queja ante los tribunales colegiados, una situación que aun no se define,  pero que según las fuentes  consultadas, podrían volver a ser, como coloquialmente se dice, bateados de nuevo.

Hasta  aquí, el capítulo de los  jueces  federales  y de los amparos denegados  a los particulares. Sin embargo, ahora, el round  que  están  protagonizando  la marca Tam  y la 4T,  es la que  se refiere a  la  controversia constitucional, presuntamente promovida por el alcalde  de  Güemez,  ante la Suprema Corte de Justicia, y  de la cual, hasta ahora se  sabe que,   el máximo órgano de la justicia en México, no ha concedido  la suspensión, pero sí le ha dado entrada a la demanda.

 Este nuevo  episodio, a decir  de  fuentes  bien informadas  en el Palacio del quince y dieciséis Juárez,  no ha sido registrado oficialmente  por el sexenio cabecista, ya que,  en  el bunker político  de  gobierno, no ha sido recibida ninguna notificación formal sobre este asunto.

De acuerdo a los expertos en el tema jurídico, al dar entrada a  la  controversia  constitucional, en contra  de los poderes tamaulipecos, lo primero que  debe hacer  la Suprema Corte, es notificar  al gobierno del estado.

 En el momento en que la Suprema  Corte notifique,  los  funcionarios cabecistas  contestarían la demanda, en los términos correspondientes.

Otro de los escenarios   que se  podrían presentar, sería que, el ministro de  la SCJN, emitiese  una suspensión, entonces  el gobierno  del estado, promovería un recurso de  reclamación.

Ahora bien, en lo que se refiere a los plazos  o al tiempo  que legalmente tiene la  Suprema  Corte  para  notificar,  se dice que este  es  bastante reducido.

Hasta  aquí,  los pormenores de lo que  hasta ahora ha ocurrido, en el tema del tan llevado y traído préstamo de  4 mil 600 millones  de pesos.

 Los  motivos  que ambos actores  de la controversia  invocan, son los siguientes: para  los panistas  estatales, se trata de  un acto de humanidad para proteger la salud  de los tamaulipecos, contra  la pandemia. Para los  obradoristas,  el préstamo  estaría hipotecando el futuro de los ciudadanos y sus familias en la entidad. 

---SURGE  UN NUEVO FRENTE, EN MATERIA DE ENERGIA  ENTRE GOB TAM Y LA 4T---

Sumado  al conflicto del préstamo  de los 4 mil 600 millones, ahora  el gobierno cabecista  ha entrado  en otro diferendo, igual o más  fuerte, con el sexenio del Presidente  Andrés  Manuel  López  Obrador.

Nos referimos  al tea de las llamadas  energías limpias, y especialmente  la energía eólica, en la cual  el gobierno estatal  tiene fuertes  inversiones  en diferentes regiones  de Tamaulipas.

Recientemente  el gobernador  Cabeza  de  Vaca  emitió un video, en el cual  denuncia  la intervención del gobierno federal, para frenar  el desarrollo de las inversiones  de este  tipo en el estado.

En este escenario, también  existe  una  polémica, pues para  el sexenio estatal  las energías limpias en la entidad, han  beneficiado a la economía de las familias, o sea  que han bajado el costo de la luz, sin embargo, a decir de  amplios núcleos sociales en Tamaulipas, está sucediendo  todo lo contrario, pues la Comisión  Federal de  Electricidad que preside  el controvertido Manuel  Bartlett, sigue arruinando la economía familiar  de los tamaulipecos, con recibos  exagerados, y  a todas luces  abusivos.

En este sentido,  se debería  aprovechar  que ahora el tema energético esta sobre la mesa de los debates, para exigir  que los inversionistas  de las llamadas  torres eólicas,  firmen un convenio con la CFE, a fin  de que se beneficie a miles  de familias  tamaulipecas, bajándoles los costos  de la luz.

Pues la verdad es que hasta ahora, las ganancias  de las empresas eólicas  en Tamaulipas, benefician solamente a los grupos empresariales , de los cuales  no se sabe  absolutamente nada, pues existe una total opacidad sobre  quienes son los que están atrás  de estos grupos económicos, y sus socios.

O  sea, si el gobierno del estado, quiere hacer las cosas bien, debería de informar  a  la ciudadanía y obligar a estos  empresarios, a que  aporten una parte de sus  millonarias  ganancias, para  paliar  la economía de los usuarios en el esado. Las familias tamaulipecas, no vive de discursos, sino de hechos, y  es necesario que  si están  diciendo que  la energía eólioca beneficia a  los hogares  de nuestro, estado, lo demuestren. Y que se refleje realmente en los bolsillos  de las familias trabajadoras.

Por cierto, hablando de energía,  en Tabasco, la tierra del Presidente AMLO, la CFE  se porta muy condescendiente  con los usuarios y hasta se les perdonan las deudas, pero aquí, a los  tamaulipecos , nos tratan con la punta del pie.

En resumidas cuentas, en el tema de los costos de la energía, tanto el Gob Tam, como el obradorismo, le salen a deber  a los  tamaulipecos. Y esto desde luego, se  reflejará en el 2021.