GARZA BARRIOS: Primero construímos el Puente... después pagamos

Juan Manuel REYES

22 de agosto, 2009

Problemas financieros y de actitud con posibles diferendos políticos a futuro, entre los gobiernos de los dos Laredos se avizoran en breve, ya que el Condado de Webb y la ciudad de Laredo, Texas, le exigen al gobierno de Nuevo Laredo 3.6 millones de dólares por gastos realizados en el estudio de la flora y la fauna y proyectos en aras de obtener un permiso internacional para la construcción de un nuevo cruce vehicular. Los cuatro comisionados y el juez de Webb, Dany Valdez, así como regidores texanos, acordaron en diferentes reuniones que si la ciudad mexicana no paga la cantidad anterior por gastos que se llevaron a cabo en el lado americano, no firmarán en conjunto la solicitud para un nuevo puente vehicular. Esta situación mantiene en jaque a residentes de ambos lados de la frontera que sufren por las inmensas filas que día a día se viven para soportar el cruce de más de 15 mil vehículos promedio entre los dos Laredos. Mientras que los texanos, buscan que el alcalde Ramón Garza Barrios y su Cabildo responda a sus exigencias, anteriormente los gobiernos americano y mexicano aprobaron dos cruces vehiculares: el Anzaldúas-Reynosa y otro en Río Bravo-Donna, además del primer permiso presidencial para un puente ferroviario en Brownsville-Matamoros. En la ultima junta de cabildo en Laredo Texas, el regidor Mike Garza dijo que el acuerdo de su gobierno es cobrar lo que ellos consideran una deuda mexicana, “si no pagan antes de que termine este 2009, no daremos el permiso y cambiaremos de lugar de construcción” aseguró. Por su parte, el presidente de Nuevo Laredo, Ramón Garza Barrios, dijo que todo lo que se invierte en los gastos de estudios en ambos lados se recuperará una vez que el puente comience a generar ingresos. “Por supuesto que todos los gastos que se originan en los estudios para la obtención del permiso se recuperarán cuando el puente funcione”, precisó. El gobierno texano plantea que ellos invirtieron en 7 años, casi 4 millones de dólares en gastos de operación, estudios, contratación de ingenieros y permisos gubernamentales, cantidad que creen debe pagar el gobierno mexicano ya que el lugar donde se va a construir el nuevo puente fue escogido por la parte mexicana.