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Martha Isabel Alvarado (†)
Dirección General
Fernando Flores
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17 de noviembre, 2025
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente presentó una iniciativa integral para expedir la nueva Ley de Protección Civil de Tamaulipas, con el fin de actualizar el marco jurídico ante riesgos cada vez más complejos.
La legisladora afirmó que los recientes desastres en Sonora y Veracruz demostraron la urgencia de transitar de una cultura reactiva a una política preventiva basada en planeación y gestión del riesgo.
Guillén Vicente, señaló que la legislación vigente, aunque funcional en su momento, ya no responde a los desafíos derivados del cambio climático, el crecimiento urbano y las emergencias tecnológicas modernas.
La iniciativa establece un enfoque contemporáneo de gestión integral del riesgo que prioriza la anticipación, reduce vulnerabilidades y fortalece las capacidades comunitarias mediante coordinación entre gobierno, sociedad y sector privado.
La propuesta coloca en el centro la protección de la vida, la salud, los bienes y el entorno mediante acciones administrativas, educativas y operativas que consoliden una verdadera cultura de prevención.
La nueva ley define la protección civil como un conjunto de acciones coordinadas orientadas a salvaguardar a la población ante fenómenos naturales o provocados por actividad humana.
Asimismo, incorpora el concepto de gestión integral del riesgo, que abarca identificación, análisis, mitigación, preparación, respuesta y recuperación ante eventos que afecten al territorio estatal.
El proyecto establece que todas las autoridades estatales, municipios, organismos públicos y privados, así como la ciudadanía, deberán participar en los mecanismos de prevención y auxilio.
La iniciativa también fija principios rectores como la corresponsabilidad social, la coordinación intergubernamental, el respeto a los derechos humanos y la participación activa de la comunidad.
Uno de los ejes centrales es la creación del Sistema Estatal de Protección Civil, que integrará dependencias estatales, municipios, instituciones académicas, organizaciones civiles y actores del sector privado.
El Sistema será coordinado por la Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, responsable de ejecutar programas, protocolos y acciones preventivas.
Los municipios deberán establecer sus Unidades Municipales de Protección Civil, elaborar atlas de riesgo y promover la participación ciudadana en tareas preventivas dentro de sus comunidades.
La nueva ley establece que ningún proyecto urbano o infraestructura pública o privada podrá realizarse sin contar con una evaluación de riesgo previa y debidamente acreditada.
Además, escuelas, hospitales y centros de reunión estarán obligados a mantener actualizados sus planes internos de protección civil y capacitar regularmente a su personal.
En materia educativa, la Secretaría de Educación deberá integrar contenidos sobre prevención, autoprotección y gestión del riesgo dentro de los programas escolares de todos los niveles.
Las instituciones públicas impulsarán campañas permanentes de difusión enfocadas en medidas preventivas, actuación ante emergencias y fortalecimiento de la cultura de la autoprotección.
La iniciativa plantea activar un Plan Estatal de Contingencias ante cualquier emergencia, con participación de fuerzas de seguridad, salud, infraestructura y servicios públicos esenciales.
También se promoverá la creación de grupos voluntarios certificados en rescate, primeros auxilios y atención humanitaria en coordinación con autoridades estatales y municipales.
La ley garantiza protección especial para grupos vulnerables durante cualquier emergencia, incluyendo personas mayores, menores de edad, mujeres embarazadas y población con discapacidad.
En la etapa de recuperación, se impulsará una reconstrucción sostenible acompañada de atención psicosocial para las comunidades afectadas, priorizando criterios de resiliencia.
Los recursos destinados a reconstrucción deberán transparentarse y ser sujetos de rendición de cuentas ante el Congreso del Estado, garantizando integridad y uso adecuado.
La iniciativa incluye sanciones para autoridades y particulares que incumplan las disposiciones de la ley, sin perjuicio de responsabilidades civiles o penales adicionales.
Guillén Vicente sostuvo que Tamaulipas debe prepararse para riesgos crecientes y asumir la prevención como política pública permanente, no como respuesta improvisada.
“Proteger vidas requiere coordinación, planeación y conciencia social. La resiliencia no nace sola: se construye con leyes claras y participación comunitaria”, afirmó la legisladora.
La propuesta ahora será analizada en comisiones, donde se espera amplio respaldo por tratarse de una legislación moderna, preventiva y alineada a estándares nacionales e internacionales.
