Son pocos, bajo sospecha y desaprovechados

Alberto Guerra Salazar

22 de febrero, 2012

Hablemos claro. Tiene razón el Presidente de la República cuando acusa que el sistema penitenciario está en crisis. Pero yerra en su afirmación de que Tamaulipas y Nuevo León, es decir, las entidades federativas, son las culpables.

La crisis del sistema penitenciario es de carácter nacional y el culpable es el gobierno de la República por una sencilla razón: la mayoría de los internos que permanecen en reclusorios estatales son de rango federal.

Existe sobre-población y penuria económica porque el gobierno federal no cumple con la parte del pacto con los gobiernos de los Estados que lo obliga a pagar por la manutención de los reos sentenciados por delitos del fuero federal.

No tenemos a la mano la cifra actualizada, pero la más reciente referencia del caso es que de cada peso que corresponde a la alimentación de los reos, la federación envía a los Estados sólo 20 centavos, una miseria.

¿Y qué hacen los Estados?, algunos alimentan por su cuenta a los reclusos pero otros francamente se desentienden del problema y los abandonan a su suerte para que sus familiares les lleven comida, por la que deben pagar un soborno para que les permitan ingresarla.

Una cosa lleva a la otra; la corrupción impera adentro y da lugar a los auto-gobiernos que imponen cuotas exorbitantes hasta para no hacer la fajina (labores de limpieza), venden protección, bebidas, favores sexuales, etcétera.

Eso, para no hablar de que el sistema de rehabilitación y reinserción social de infractores es una patraña del tamaño de la demagogia del gobierno.

La crisis penitenciaria es grave y requiere de una solución desesperada. Si no lo toman a mal, tenemos una propuesta. Que se inviertan los términos del convenio de los Estados con el gobierno federal.

Que los Gobernadores de los Estados arrienden a la federación los centros de reclusión a cambio de una renta mensual y que el manejo administrativo, vigilancia y programas de rehabilitación sean en adelante responsabilidad del gobierno del centro.

Suena a disparate pero cuando menos le quitarían las entidades federativas el pretexto al Presidente de la República invocado cada vez que se trata de endosarles culpas ajenas.

Ayer visitamos el palacio legislativo y nos escandalizó el gran número de policías anti-motines distribuidos adentro y afuera del inmueble como si temieran el asalto de una muchedumbre avasalladora.

No es para tanto pues ni los Chavira ni Enrique Yáñez son una real amenaza para la integridad del augusto recinto ni de los reverenciados representantes populares, así sean chocantes sus espectáculos circenses (de los Chavira y Yáñez).

Tanto policía ani-motines sólo pierde su tiempo en la sede legislativa y se distrae de cumplir funciones importantes en lugares donde sí existen riesgos de quebrantamiento de la ley. Son pocos los agentes, están bajo sospecha y además los distraen de sus tareas básicas.

Diputados, devuélvanle a la sociedad la protección policiaca.

Por cierto, en su sesión de ayer aprobaron los legisladores que el Ayuntamiento de Reynosa celebre un contrato de fideicomiso con la participación de una institución bancaria para modificar, ampliar y adecuar la construcción del Estadio de Futbol de Reynosa.

El presidente de la junta de coordinación política del Congreso local Gustavo Torres Salinas explicó que el pleno  aprobó la iniciativa de decreto en razón de que con esta acción se promueve el turismo y se amplían los espacios culturales y deportivos.

El Ayuntamiento y su titular Everardo Villarreal Salinas buscan con la construcción del Estadio de Futbol de Reynosa consolidar la infraestructura deportiva donde se promueva la cultura física y se generen instalaciones multidisciplinarias, competitivas y seguras.

Además, al favorecer la oferta de atracciones turísticas y recreativas se dota a Reynosa de lugares de distracción a niños y jóvenes para alejarlos de actividades anti-sociales, dijo el diputado Torres Salinas.

El sábado 25, Torres Salinas y la pre-candidata a Senadora de la República Lupita Flores de Suárez serán invitados de honor en la ceremonia donde cuatro diputados locales de Reynosa rendirán su informe.

Los organizadores se cuidaron de no incurrir en el error de producir un maratón discursivo pues será un informe masivo pero simultáneo, es decir, los cuatro legisladores participarán en una sola comparecencia.

Así sí vamos. El evento será a las diez de la mañana en el Parque Cultural Reynosa. No llevar almohada.

Los informadores son Amelia Vitales (primero las damas, aunque se enoje Cavazos Lerma); Reynaldo Garza Elizondo, el hijo de Amira Gómez Tueme y el ribereño Víctor Vico García Jiménez, que resultó decepcionante como su antecesor Servando López Moreno.

En temas políticos, se confirmó que Raúl César González García se hará cargo de la coordinación general de las campañas del PRI en Tamaulipas pues renunció la noche del martes a la Secretaría del Trabajo.

González García podría ser el candidato emergente caso que el CEN decida que Cavazos les resulta más útil en otro lugar.

Tampoco era fantasía que Bladimir Martínez Ruiz es coordinador de evaluación y seguimiento de las campañas, luego de que causó baja definitiva como Sub-secretario de educación básica.

Un motivo más de discrepancia con los docentes que tienen ahora candidatos propios empezando por su líder Arnulfo Rodríguez Treviño.

En la Secretaría de Educación de Tamaulipas siguen enfrascados en la revisión de la lista de irregularidades detectadas por la Auditoria Superior de la Federación en la cuenta pública del año 2010, último de la gestión de Eugenio Hernández Flores.

La ASF reclama la devolución de 50 millones de pesos, números cerrados, descubiertos en presunta aplicación diferente a la autorizada. La acuciosidad del doctor Diódoro Guerra Rodríguez en la solventación de las observaciones permitió disminuir la cifra a 30 millones de pesos.

El doctor Guerra ha demostrado a la ASF la improcedencia de algunas de las observaciones y continúa revisando la lista con el auxilio de funcionarios de la contraloría estatal, la secretaría de finanzas y la propia dirección administrativa de la dependencia.

Sí existen algunas aplicaciones del presupuesto educativo en rubros no autorizados, concretamente en el pago a profesores comisionados, es decir, que no cumplen trabajo frente a grupo por estar haciendo funciones sindicales, aunque por una cuantía menor a la reclamada.

Se trata de una práctica sindical de carácter nacional difícil de erradicar y que se presenta cada año en la revisión del gasto educativo, aunque en el caso de Tamaulipas está disminuyendo.

En el arranque de este gobierno, la Secretaría de Educación tenía detectados 200 profesores comisionados, números cerrados; hoy son sólo 50 y van a la baja.

En temas políticos, Lucino Cervantes Durán acompañó al líder juvenil del PRI tamaulipeco Roberto Huerta García en la ceremonia de entrega de nombramientos a la estructura territorial y vanguardista, haciendo destacar la importancia de la labor de los muchachos en las campañas políticas.

Estuvieron presentes el candidato a diputado federal Enrique Cárdenas del Avellano, Lupita Flores de Suárez, la secretaria general del FJR Gloria Avalos Domínguez, el líder territorial Ernesto Saldaña Medrano, el vanguardista Oscar Manuel Maldonado. También Cavazos.

Roberto Huerta fue también a Monterrey para instalar la nueva directiva de la estructura juvenil en Nuevo León que encabeza Florentino Aaron Sáenz Manzur, en una ceremonia que congregó a 300 jóvenes tamaulipecos radicados en Nuevo León.