Apagón a la impunidad

Raúl HERNANDEZ

13 de octubre, 2009

A los mexicanos nos ha tocado ser testigos de la impunidad de políticos y líderes sindicales. La impunidad ha existido siempre. En la segunda, tercera y cuarta décadas del siglo XX, el país fue testigo del ascenso y caída del líder sindical Luis Napoleón Morones que en 1918 fundó la CROM que llegó a tener dos millones de afiliados, cuando el país no pasaba de 16 millones de habitantes. Morones era un gangster que logró ser diputado, senador y secretario de Industria, Comercio y con Plutarco Elías Calles. Lo mismo mandó matar a opositores, que al senador Francisco Field Jurado y en 1928 se le implicó, junto con Plutarco Elías Calles, en el asesinato del presidente electo, Alvaro Obregón. En esa época circulaba la anécdota de que la gente se preguntaba sobre quién mando matar a Obregón y alguien le contestaba “Callese…” . Finalmente Morones sería desterrado del país junto con Plutarco Elías Calles, por el Presidente Lázaro Cárdenas, y aunque años después regreso ya jamás recuperó el poder de antes. Después de Luis N. Morones vendrían líderes igual de siniestros, pero más discretos, que fueron aliados del gobierno y a cambio este les dejo enriquecerse y actuar con impunidad. Impunidad, que como en el caso de Morones, el gobierno decidió cuando acabar. Así paso con Carlos Jongitud Barrios que al ser destronado del liderazgo del magisterio optó por acatar la decisión del gobierno y retirarse a disfrutar su fortuna. Aunque lo sustituyó una lideresa igual o peor que él. En cambio, Joaquín Hernández Galicia le jugo contras a Carlos Salinas y este utilizó todo el poder del Estado para encarcelarlo y enjuiciarlo aquel 10 de enero de 1989. Antes de eso, abundaron las denuncias de abusos, robos y asesinatos cometidos por Hernández Galicia, documentados ampliamente por la prensa, pero el gobierno nada hizo, sino hasta que se cansó de los desplantes de La Quina que una vez preso hasta Fidel Velázquez lo condenó. Cuando el gobierno ha usado el poder para acabar con lacras sindicales, la sociedad lo ha festejado, en público y en privado, aunque nunca faltan quienes cuestionan los métodos utilizados. Así paso en Nuevo Laredo con Pedro Pérez Ibarra. Cuando falsamente se le implicó en los destrozos de la aduana en noviembre de 1992 y se le obligó al destierro, un grupo de empresarios fue a abogar por él con el Gobernador Manuel Cavazos Lerma pues les parecía injusto que le inventaran cargos. Palabras más, palabras menos, Cavazos les dijo: “Quién los entiende. Siempre estuvieron pidiendo parar los excesos de Pérez Ibarra y cuando el gobierno se decide a quitarlo, protestan contra el método. Ya lo quitamos y eso es suficiente”. Hoy que el gobierno decidió liquidar ese barril sin fondo que era la Compañía de Luz y Fuerza –que en el 2008 tuvo un déficit de más de 44 mil millones de pesos—hay voces que se quejan del exceso de poder del gobierno. Incluso se reprocha destinar, en tiempos de crisis, 20 mil millones de pesos para liquidar a los 44 mil trabajadores que tenía la empresa. Esos 20 mil millones son menos de la mitad del déficit que la empresa tuvo el año pasado. La historia muestra que cuando el gobierno ha decidido acabar con la impunidad de líderes sindicales, en el país ni hay entallamientos sociales ni pasa nada. Y no pasa nada, porque la mayoría esta de acuerdo en que se use y abuse del poder contra ellos. Es decir, que reciban una sopa de su propio chocolate.