Avalan legisladores las bases de Ley Anticorrupción; ofrecen Reforma contundente y redacción muy clara

Arturo ROSAS

5 de abril, 2017

Los Diputados aprobaron en comisiones, las reformas en materia de combate a la corrupción, con la cual se sientan las bases para el establecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). El dictamen deberá ser aprobado o rechazado en el pleno. La Diputada Issis Cantú Manzano, resaltó que estas reformas contribuirá a a erradicar los vicios y malas prácticas que se presentan en el servicio público, por lo que promovió reformas para simplificar y clarificar la redacción de diversos artículos.

Por su parte el Diputado Rafael González Benavides, planteó precisar el periodo de ocho años que duraran en su encargo los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, además propuso perfeccionar la redacción inherente del Comité Coordinador, entre otras. Se destacó que el Sistema Estatal Anticorrupción, tiene por objeto ser la instancia de coordinación entre las autoridades de los órdenes de Gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas, hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos.

El SEA, contará con un Comité Coordinador y uno de Participación Ciudadana, este último integrado por cinco ciudadanos conforme a un procedimiento establecido en la Ley del Sistema Estatal. Se compone de cinco materias competenciales para su plena eficacia en el combate a la corrupción: coordinación, prevención, investigación, control y sanciones.

También se plantea que el Poder Legislativo, nombre a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, al titular de la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, a los titulares de los órganos internos constitucionalmente autónomos, entre otras facultades. Por su parte, serán facultades del Gobernador del Estado, proponer al Congreso, para su estudio y aprobación la propuesta de designación de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta, su declaración patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal, ante las autoridades competentes, las faltas no graves y sanciones administrativas, serán resueltas por los órganos internos de control.