La vara de la Justicia; la vara de la venganza

José Ángel Solorio

23 de octubre, 2011

La impartición y administración de Justicia son dos de las premisas fundamentales de un estado de Derecho. El ciudadano común ve con agrado que se castigue a quien vulnera la Ley –o los derechos de otros ciudadanos- porque mucha de la sensación o percepción de la seguridad o inseguridad pública, pasa por que los infractores paguen sus culpas. Las paguen, y se reincorporen a la sociedad con el deber cumplido.

La otra cara de la moneda, es la venganza. Ésta, es por esencia, obscena, grotesca; puede ser la sanación de alguna alma rencorosa o el descanso de algún espíritu lastimado, pero nunca puede –ni debe- tomar el lugar de la Justicia. La venganza, cuando impera el estado de Derecho, sea inflingida por algunas instituciones del Estado o por personas o grupos civiles, debilita más el circuito de la Justicia y de la Ley; no lo fortalece.

En nuestra cultura, es muy tenue la línea que marca los límites entre la Justicia y la venganza. Centenares de comunidades, han tomado la Justicia en sus manos y han linchado a trasgresores de las normas de sus sociedades. ¿En estos casos, quién es el trasgresor? ¿El que rompió con las formas de gobierno locales, o los aparatos de estado responsables de impartir y administrar Justicia?

Y más: ¿Lo realizado por esas turbas iracundas, es Justicia o es venganza?.. Para los abogados puristas el apaleamiento del infractor no es más que un evento de venganza y no de Justicia. Y los ciudadanos indignados argumentarán que son actos de Justicia toda vez que el Estado y sus apéndices justicieras en esos sitios son inexistentes o ineficaces.

Es excesivamente complicado diferenciar un acto de justicia, de un acto de venganza cuando los pueblos toman en sus manos vengarse auto impartiéndose Justicia.

Más sencillo es, cuando las instituciones justicieras se sobrepasan y se enlodan con el ejercicio de la venganza. Por una razón: el Estado y sus instituciones tienen la tarea fundamental respetar y hacer respetar la Ley. A nadie conviene, que existan dudas para diferenciar lo que significa la impartición de Justicia y lo que es la ejecución de la venganza. Nada más cercano a la felicidad social, que la gobernabilidad; es decir: el equilibrio y el respeto entre el ciudadano y las estructuras de gobierno.

El caso del ex alcalde de Tampico, Oscar Pérez Iguanzo nos dice que algo huele mal en el circuito de autoridad en Tamaulipas. ¿Hizo mal uso de los dineros públicos? Correcto: que se le castigue. ¿No justificó, los demenciales gastos personales suyos y de su pareja? Perfecto: que se le investigue.

Pero…

¿Porqué exhibirlo como animal de zoológico en cautiverio?

(Ahí es donde uno percibe cierto tufillo vengativo).

¿Porqué sólo él, cuando sus homólogos Oscar Luebbert Gutiérrez desfalcó el erario reynosense con casi 500 millones de pesos, en tanto, Ramón Garza Barrios prestidigitó mil 200 millones de pesos?..

(Aquí es donde la perspicacia crece: cuando la Ley sólo es para unos cuantos, aflora la sensación de la vendetta. O peor: el torcimiento de la “vara de la Justicia”).

A nadie se le va ocurrir defender a Pérez Iguanzo de las barbaridades que cometió al amparo del poder. Ni mucho menos de censurar la actitud de los ciudadanos agraviados que se conglomeraron al paso del ex munícipe esposado, para vejarlo. Lo que hay que señalar, es la actitud del aparato de Justicia que deja tantas dudas, como para considerar la certidumbre de que el rencor y no la Ley, mueve la Justicia en Tamaulipas.