¡Aguas!; no se debe confundir Inmunidad con Impunidad ni abusar de 'fuero': Magistrado

Angel NAKAMURA

30 de octubre, 2011

Para el Magistrado de Circuito del Poder Judicial de la Federación, Gonzalo Higinio Carrillo de León, existen todos los elementos jurídicos para que los partidos de oposición, organizaciones no gubernamentales o cualquier ciudadano, pueda solicitar 'juicio político' contra el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, cuyo castigo máximo sería hasta 20 años de inhabilitación del servicio público en el país.

Al impartir la conferencia magistral, “Fuero político”, en la Casa de la Cultura Jurídica de Ciudad Victoria, el abogado con 20 años de experiencia y reconocido a nivel nacional por su brillante trayectoria, habló sobre la manera en como la inmunidad que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es mal entendido por los servidores públicos, para cometer actos en contra de la Ley.

“La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establece los ejes de responsabilidad por los cuales puede ser enjuiciado un funcionario, son cuatro tipos por el ejercicio del cargo y tres por el ejercicio de la función pública”, mencionó.

Abundó que “el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo dispone que es procedente de juicio político cuando los actos u omisiones de cualquier servidor público, incurra en el ataque a las instituciones democráticas, es decir, que no respete la división de poderes, la separación de la iglesia-estado, no garantice la educación pública, gratuita, laica, democrática y obligatoria, cuando ataque a la forma de gobierno representativo, ' republicano y federal”.

Remarcó que otro punto fundamental para enjuiciar políticamente a cualquier funcionario, incluido el Presidente de la República, es cuando incurra en la usurpación de atribuciones.

“El Ejército Mexicano está para la seguridad del Estado, no la seguridad pública, aguas, ahí se incurre en una responsabilidad política, una infracción a la Constitución porque causa perjuicios a las instituciones, a la Federación, a las entidades y a la sociedad”.

Sin embargo, Carrillo de León reconoció que el proceso de juicio político, que bien puede ser iniciado por cualquier ciudadano, resulta un trámite burocrático donde tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, llevan a cabo una investigación donde el enjuiciado obtiene todos los beneficios como el derecho de audiencia, réplica y defensa para no ser castigado.

“Tener un procedimiento así ante 500 diferentes voces que no se dejan hablar, que se interpelan, que se dicen borrachos y no sé que tantas cosas que vemos en la televisión mexicana, pareciera una telenovela pero es nuestra triste realidad política”, comentó.

El magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación concluyó que si bien el fuero político, que significa inmunidad, es necesario en un sistema verdaderamente democrático, pues resulta importante para un verdadero ejercicio del cargo de un funcionario, con absoluta autonomía.

“Se requiere tener una protección que impida que los excesos de uno de los poderes, haga que sea frágil en el servicio público, porque imagínense uno de los jueces duros que traen marcaje personal contra un gobernador o diputado, pues se le haría muy sencillo enjuiciarlo, independientemente que se castigue o no a la persona”.

Gonzalo Higinio Carrillo de León dijo que la inmunidad no se debe de confundir con impunidad, “hay un procedimiento diseñado, el problema no está en que exista la figura de fuero político, lo que me parece que se da es la impunidad porque quién debe de instruir los procedimientos no lo hace con la celeridad, está diseñado para enfriar las cosas, hacer tiempo y se meta en el cajón del olvido”.

 

CASO PEREZ INGUANZO SE CAE EN CUALQUIER MOMENTO

El magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación, Gonzalo Higinio Carillo de León, dijo que el caso del ex alcalde de Tampico, Oscar Pérez Inguanzo, se puede caer en cualquier momento porque una autoridad local está castigando a un funcionario por la malversación de recursos federales.

“Ese es un un problema que veo ahí, no me explico porque lo juzga un juez local, esto puede venirse abajo, lamentablemente, pero lo vemos también a nivel nacional, como el presidente Felipe Calderón llevó a cabo el michoacanazo, utilizando la Procuraduría General de la República pare meter a la cárcel a alcaldes de oposición, para que al último resultara que no había delito que perseguir y los echaran a la calle, a veces se quiere sacar provecho político de las autoridades encargadas de impartir justicia, eso no es correcto”, concluyó.