Martha Isabel Alvarado
Dirección General
Fernando Flores
Sub Dirección General
26 de junio, 2012
Es frecuente que se crea en las instituciones y en las leyes sólo de los dientes para afuera o a conveniencia. De ahí que no vivamos en un pleno estado de derecho término, por cierto, muy socorrido en los discursos oficiales.
Los casos saltan por doquier y para muestra aludimos al proceso electoral en el que estamos inmersos.
Resulta que tenemos una Constitución General de la República en donde se establecen las bases para la participación libre y democrática de los ciudadanos. De igual manera hay un Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, mediante el cual se establecen, con precisión, las reglas a las que se tendrán que someter partidos y candidatos que aspiran al poder o quieren conservarlo.
Además, existe el Instituto Federal Electoral, que es encargado de la organización de los comicios en cada una de sus etapas y el árbitro que establece criterios y dirime ciertas controversias de los participantes en una elección.
De igual forma contamos con un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia a la que pueden acudir los actores políticos y ciudadanos en defensa de sus derechos. Y es el ente que valida o no una elección.
Asimismo, ahí está la Fiscalía Especializada en Contra de Delitos Electorales, responsable de investigar y llevar ante la justicia aquellos ciudadanos que no acaten lo establecido en la ley, en periodo de elecciones.
Incluso somos ejemplo internacional y algunos países han copiado el sistema mexicano en materia de elecciones por considerar que es avanzado e integral.
Es decir, en teoría, el sistema legal e institucional que nos rige debería ser suficiente para confiar en la legalidad de una contienda electoral. En la práctica esto no es así, según queda en evidencia.
Y es que se recurrirá al llamado pacto de civilidad entre candidatos presidenciales y dirigentes de los partidos políticos, con el propósito de aceptar los resultados electorales que determinen las autoridades.
Según el consejero presidente del IFE, LEONADRO VALDÉS ZURITA, el pacto es un convenio de buena fe para “reconocer la legalidad del proceso electoral y el resultado de los cómputos y la determinación final que dé el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
Se busca incluir en el documento un punto en donde partidos y candidatos estén de acuerdo en cerrar el paso a cualquier acto de violencia, el próximo domingo, cuando se lleve a cabo la jornada electoral.
En esencia pactos como el que seguramente se firmará entre el jueves y el sábado de la presente semana no tendría razón de ser si los actores de la contienda actual guiarán sus acciones por la leyes y la normatividad en la materia que nos ocupa.
Sin embrago, dada la referencias de fraudes, coacción de ciudadanos y compra del voto, entre otros adefesios, no queda de otra que recurrir a un acto de buena fe, en espera de que no sea una especie de llamado a misa.
RULETA
En su yo interno el diputado local CARLOS VALENZUELA VALDEZ, tendrá que estar consciente de que no honró su palabra con la comunidad lésbico-gay, al incumplir la promesa que le hizo a GREGORIO HERNÁNDEZ ARVIZÚ, líder de este movimiento en Matamoros, de estar con ellos el pasado domingo, en un evento.
Sus razones tendrá el legislador pero debe valorar que es un representante popular y tiene la obligación de escuchar voces diversas para legislar y gestionar.
A eso se comprometió cuando los matamorenses le dieron su aval a fin de que llegara a la actual legislatura.
VALENZUELA VALDEZ seguro comprenderá que las marrullerías no son la mejor forma de hacer efectivo un proyecto, más si se trata de buscar laPresidencia Municipal de Matamoros, llegado el momento.
Pero la actitud que evidenció el fin de semana o la “chamuscada” por el asunto de las despensas federales que descargó en su bodega en el 2008, no contribuyen a sus planes futuros.
Tampoco fortalecen sus aspiraciones, el gesto de falsa generosidad evidenciado el pasado mes de diciembre, cuando obsequió decenas de pavos a líderes de colonias y algunos comunicadores, con el propósito de tomarles fotos y luego subirlas a la red.
Se sabe que el animador de este tipo de actos de oportunismo para hacer propaganda es una persona de nombre EMILIO CASTAÑEDA.
De buena fuente se que más de un comunicador de Matamoros le reclamó a CASTAÑEDA la forma tan ruin de proceder y otros, de plano se negaron a recibir el “obsequio”.
Ahora, el encargado de prensa o secretario del Diputado anda despotricando en los pasillos del Congreso, porque no le gustó lo que se dijo sobre su jefe, eneste espacio, el pasado lunes.
Alguien lo debería serenar y decirle que no es de buen gusto lanzar calificativos o hacer reclamos sin fundamento.
EMILIO podría ser de mayor utilidad a su jefe si le recomienda que cuando establezca compromisos los cumpla y supere el oportunismo de promocionarse antes de tiempo.
Grave sería que el Diputado tenga el enemigo en casa y bastante cerca.
AL CIERRE
Hoy, en punto de las 9:00 horas, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, candidato a Diputado por el 05 Distrito Federal con cabecera en Victoria, tendrá un almuerzo con representantes de los medios de comunicación para agradecerles la cobertura informativa que tuvieron de sus eventos durante la campaña.