Deberá hacerse efectiva

Clemente Castro

14 de December, 2020

Con la aprobación de la Ley General de Educación Superior, por parte de los diputados, se da un paso fundamental para garantizar la gratuidad de la educación de carácter pública.

Significa que en todos los niveles del Sistema Educativo Mexicano no tendría porque pagarse para que los alumnos reciban instrucción.

El referente es que primero fue la educación básica, según lo establece la Constitución General de la República y luego se amplió al nivel medio superior.

Por cierto, le tocó al ex candidato a la gubernatura, BALTASAR HINOJOSA OCHOA, cuando era diputado federal en la LXI Legislatura, retomar una idea que, en su momento, impulsó HUMBERTO FILIZOLA HACES, en su calidad de diputado federal.

Desde luego que se trata de un logro histórico establecer que la educación media superior, de carácter público, se imparta sin cobro alguno e igual que, en fechas recientes, se haya incluido el nivel superior.

Lo que se señala es que la aplicación de lo contemplado en la recién aprobada Ley será de manera gradual, ya que en la actualidad las instituciones de educación superior no pasan sus mejor momento por lo que se continuará cobrando cuotas escolares.

En ese sentido, tendrán que crearse los mecanismos para garantizar que se cuente con recursos suficientes en las escuelas del país, en los diversos subsistemas, porque sigue vigente el pago de inscripciones y por semestre o año lectivo en preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y en universidades, tecnológicos y normales.

Para colocar éste asunto en perspectiva debe mencionarse que la gratuidad en la educación media superior se mandató en el 2010 y lo la educación básica viene desde el Constituyente de 1917.

Suponemos que, en cuanto a la educación superior y lo de la cancelación de cobros será algo que no tardará tanto tiempo en aplicar de manera efectiva.

Recordemos que en Tamaulipas, similar a lo que sucede en la República, hay escuelas cuyos directivos se pasan de voraces al clavarles la uña al que caiga en sus dominios, sin importar si la familia al que pertenece ese estudiante vive a la buena de Dios.

Tenemos el caso en Victoria, de primarias que, pese a ser públicas, se manejan como escuelas de carácter privado y hasta evidencian exclusión.

Algo similar, en cuanto a cobros, sucede en las secundarias y ni que decir preparatorias y los Centros de Bachillerato Tecnológico e industrial.

La verdad es que mientras no haya organizaciones de padres de familia que funcionen sin el control de las directivas de las escuelas, así como agrupaciones magisteriales y autoridades educativas comprometidas con el cumplimiento de la legalidad, se continuará violando la Constitución.

Igual se tendrá que escuchar y atender a las asociaciones de estudiantes y dejar atrás esa tendencia retardataria que consiste en controlarlos y manipularlos para que no se les ocurra exigir sus derechos.

Claro que las autoridades federales y estatales deberán proveer de lo necesario para que los funcionaros de las escuelas no tengan pretextos y les de por hacer su agosto con las cuotas.

El caso es que la nueva Ley de Educación Superior ya salió y que contiene el tema de género; la creación de espacios libres de violencia en protección de las mujeres; la libertad de cátedra y candados para que se ponga orden en las universidades denominadas “patito”.

Cabe subrayar que uno de los puntos importantes es lo del respeto a la Autonomía Universitaria y el precisar lo de la consulta pública de la comunidad estudiantil cuando trate de hacerse modificaciones al estatus de la institución.

Se entiende que la finalidad es que desde el exterior, los gobiernos de las entidades y congresos, se abstengan de meter mano.

Ahí tenemos lo de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) que, en enero del presente año, diputados del Congreso local aprobaron reformas a la Ley Orgánica de la casa de estudios, debido a que así lo propuso el Gobernador de esa entidad, ANTONIO ECHEVERRÍA GARCÍA, con el argumento central de hacer frente a la crisis financiera de la UAN.

Entre los cambios que propuso el mandatario y que avaló el Congreso se encuentra la forma de elegir al Rector, lo que se consideró una violación a la Autonomía.

A propósito de asuntos universitarios, acaba de darse un Movimiento estudiantil en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) para protestar en contra de los altos cobros en colegiaturas, exigir educación superior gratis y becas.

Es de esperar que los jóvenes estudiantes entren a escena y lo mejor será atender sus justos recamos. Lo peor que puede hacerse es ignorarlos, minimizarlos y reprimirlos.

Por lo pronto, habrá que profundizar en la lectura de la Ley General de Educación Superior y dimensionar sus repercusiones en universidades, tecnológicos y normales.

AL CIERRE

Los que tronaron en contra de sus patrones son los empleados sector Salud y los jubilados de Educación porque no saben que “onda” con la entrega de vales y bonos.

En redes sociales fluyó la queja de que los empleados estatales de Salud no solo estaban en espera de la quincena sino del aguinaldo y la prima vacacional.

Y eso que estanos en primera línea frente a la pandemia y han fallecido no pocos de nuestros compañeros, se leía.

Por su lado, dirigentes de organizaciones de jubilados de Educación, por ejemplo el profesor RODRIGO TAVÁRES GARCÍA, lamentó que a unos días de que concluya el año, lo del pago del bono magisterial se mantenga en la incertidumbre.

“Nos engañan; quieren tratarnos como niños chiquitos”, declaró.