Luis Alonso Vásquez
Dirección General
Martha Isabel Alvarado
Sub Dirección General
1 de febrero, 2012
Con la presencia de los militares en las Policías Preventivas Municipales de Tamaulipas, aumentaron las quejas y recomendaciones que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), de acuerdo al informe 2011 de dicho organismo. José Bruno del Río Cruz, ombudsman en la entidad, presentó este documento en el Congreso del Estado ante la comisión legislativa de derechos humanos, autoridades estatales y municipales.
Ahí, detalló que las Agencias del Ministerio Público Investigador en la entidad obtuvieron 115 quejas durante el año pasado, seguido por las escuelas primarias con 102, las Policías Preventivas Municipales tuvieron 99.
Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social tuvo 56, las secundarias 44, la Policía Ministerial 31, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 28, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 27, los elementos de tránsito municipal 22 y la policía estatal 22. Los principales motivos de queja de los tamaulipecos, fueron irregularidades en la procuración de justicia, detención arbitraria, los golpes, violencias físicas y simples, vejaciones.
Además, violaciones a los derechos del niño, a la educación, irregularidades en los procedimientos administrativos, robo, amenazas e intimidación, violación al derecho de la salud, así como irregularidades en los procedimientos jurisdiccionales.
De igual manera, el informe 2011 de la CODHET detalló que se aumentaron las recomendaciones (resoluciones que indican la violación de derechos humanos), de 54 a 87.
13 recomendaciones fueron para las Agencias del Ministerio Público Investigador, 10 a elementos de la Policía Preventiva Municipal de Victoria (en manos de militares), cinco a elementos de la policía ministerial, un número similar a personal docente de nivel secundaria a matamoros y cuatro a personal docente en las primarias de Matamoros.
Los motivos de las recomendaciones fueron por detención arbitraria, violación a los derechos de los niños, irregularidades en la procuración de jusitica, violación de derecho a la educación e irregularidades en los procedimientos administrativos.
Finalmente, se emitieron 242 medidas cautelares a diversos entes públicos para evitar la vulneración de los derechos fundamentales de los particulares frente actos u omisiones provenientes de representantes del Estado.