Exigen Diputados a CJF acabar red de protección a CDV

Arturo ROSAS

8 de mayo, 2025

Sergio Gutiérrez Luna, Presidente de la Cámara de Diputados Federales, consideró que los jueces federales que otorgaron amparos ha Cabeza de Vaca, forman parte de una red judicial que incluso, tienen lazos matrimoniales como es el caso de Piedad del Carmen Ávila, secretaria en funciones de magistrada del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa y es esposa del exjuez jubilado Faustino Gutiérrez Pérez, quien fue señalado de otorgar amparos a Cabeza de Vaca y posteriormente destituido del cargo tras una investigación. Actualmente, Gutiérrez Pérez, es asesor jurídico del exmandatario.

La exigencia de los Legisladores federales, es por el descubrimiento de una red de protección que involucra no solo a Gutiérrez Pérez y su esposa, también a quien se quedó en su lugar, el juez Juan Fernando Alvarado López, que fue quien le otorgó un amparo a García Cabeza de Vaca para que pudiera ser diputado federal en contravención a lo que había resuelto ya el Tribunal Electoral del PJF, que le había negado la candidatura.

“Nosotros promovimos ante el Consejo de la Judicatura una queja, lo suspendió, y queremos aprovechar este momento para exigirle al Consejo de la Judicatura que resuelva en definitiva la separación del cargo de este juez, Juan Fernando Alvarado López, quien además está en contubernio con el presidente del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, Mauricio Fernández de la Mora”, expuso Gutiérrez Luna.

Añadió: “Estos tribunales, séptimo y octavo de Reynosa, junto con el Tribunal Colegiado, se han dedicado a proteger a Francisco García Cabeza de Vaca, y hoy tenemos conocimiento de que su intención es tratar de resolver para blindar con impunidad a este personaje que se encuentra prófugo de la justicia, como lo señaló el Tribunal Electoral en la sentencia por la que le negó la posibilidad para ser diputado federal”.

Dijo además que esta queja que se está interponiendo en el CJF, se encuentra la magistrada Amalia del Carmen Fernández Barquín, secretaria ejecutiva del Consejo de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal, quien está impidiendo que la Fiscalía General de la República ejecute acción penal en contra del juez séptimo Juan Fernando Alvarado López.

“Es una trama compleja de intereses, una trama compleja de dinero, una trama compleja de intención por blindar a un personaje corrupto y que ellos quisieran, ellos quisieran que el Poder Judicial, el sistema judicial continuará como está en la actualidad, porque lo que pretenden es, a través de estos jueces y magistrados, obtener salvoconductos para seguir limpios y pretender acceder, incluso, a cargos públicos, como lo trató de hacer Francisco Javier García Cabeza de Vaca”.

Insistió que desde las Cámaras de Legisladores, se van a iniciar las acciones correspondientes ante el Consejo de la Judicatura en contra de estos personajes y también ante la Fiscalía, en este tramo que tenemos de aquí a que tomen posesión los nuevos jueces del Poder Judicial, y que resuelvan conforme a derecho.

“Que no haya personas intocables y que, con su efecto corruptor, con su poder de corrupción, como lo ha hecho Francisco García Cabeza de Vaca, pueda salir libre de los cargos que se le imputan”.

Uno de los elementos que se dieron a conocer, es que en el expedienre identificado como FED/FECOC/FEIDCSAJ-TAMP/0001611/2024 recoge las decisiones parciales adoptadas por el juez Juan Fernando Alvarado López, las cuales estuvieron orientadas a favorecer a Cabeza de Vaca. Ante estas actuaciones, el Consejo de la Judicatura Federal decidió cesar al magistrado en abril de 2024. Paralelamente, se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República, que solicitó al Consejo la autorización para proceder penalmente contra el juez, situación que se encuentra pendiente de respuesta, por la supuesta protección que le da Amalia del Carmen Fernández Barquín, impidiendo que la FGR ejecute acción penal en contra del juez séptimo Juan Fernando Alvarado López.

Acusaciones frenadas Durante el 2024, la FGR integró una carpeta de investigación por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que abarca no solo al exfuncionario, sino también a otros implicados, entre ellos: José Manuel García Cabeza de Vaca, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, Mariana Gómez Leal, Evelyn Aimeé Rodríguez Garza, Nancy Jazmín Sandoval Vargas, Claudia Ramos Márquez y Ricardo Isaías de León Márquez.

A pesar de que se emitieron órdenes de aprehensión para estas personas, todas han promovido recursos de amparo, los cuáles se han radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa, Tamaulipas. 

En este contexto, se destacó la actuación del juez Juan Fernando Alvarado López, quien habría otorgado suspensiones excesivas –incluso en un proceso de alta gravedad– que además habrían facilitado la maniobra para registrar a Cabeza de Vaca como candidato a diputado federal en el proceso electoral de 2024. Estas resoluciones fueron impugnadas mediante recursos interpuestos ante el Primer Tribunal Colegiado de Reynosa, lo que derivó a su cese en julio de 2024 y a la designación de un nuevo juez para dirimir el controvertido estado de la orden de aprehensión.